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Privatizar las tareas del estado o un código de ética para todos los mexicanos

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La que a continuación reproduzco es una de esas notas que nunca debemos, ni debimos y mucho menos deberíamos echar en saco roto.
Espero que la reflexión que derive de la lectura, se vea reflejada en nuestra cotidianeidad.
La escribió María Amparo Casar en el Excélsior del 4 de febrero.
La tituló “¿Privatizar las tareas del Estado?”, que a mi parecer no refleja la profundidad, ni la importancia de lo que el texto nos dice, (claro que puede darse el caso de que el título haya sido escrito por un “cabecero” del periódico o alguien que no fue la dra. Casar)
De cualquier forma, los invito a leer y reflexionar sobre el tema.
Un saludo afectuoso desde la capital de la república.

Cada vez son más los sectores de la sociedad que alzan la voz o toman acciones contra la violencia, la corrupción y la impunidad que los acompaña y alimenta. Ahora tocó el turno a las cúpulas empresariales. En un comunicado rechazan las agresiones contra las instalaciones y equipo de las empresas por sus efectos destructivos en la propiedad privada, la actividad económica, la inversión y la creación de empleos. No se quedan en la afectación de sus propios intereses. Condenan también la destrucción de la propiedad de la nación y los ataques a las policías y Fuerzas Armadas. A estas denuncias las acompaña la más importante de todas: la impunidad con la que se permite actuar a los que cometen estos actos de violencia.

El reclamo frente a la violencia tiene un solo destinatario posible porque el combate a la violencia y la impunidad no son, en principio, tareas privatizables. Cuando ello ocurre es que el Estado está fallando. Las autodefensas y las guardias comunitarias (las que no están al servicio de la delincuencia organizada), la seguridad privada pagada por algunos vecinos para proteger sus colonias, por las escuelas para resguardar la seguridad de sus alumnos o por los pudientes para proteger su integridad física, son todas manifestaciones de que el Estado no cumple con su tarea.

A diario se presentan nuevas manifestaciones de la apropiación privada de las tareas de la seguridad y el orden. La más reciente es la de los transportistas, hoteleros, restauranteros, lancheros y prestadores de servicios de Huatulco, reunidos para desalojar del aeropuerto “a punta de cubetazos de agua, insultos y pedradas” a los maestros de la Sección 22. A partir de este suceso y ante la inacción del gobierno estatal de Oaxaca se constituyó el Comité en Defensa de Huatulco con representantes de asociaciones, cámaras, comerciantes, prestadores de servicios y ciudadanos en general. Su misión, la de un Estado: “Garantizar la soberanía territorial, la paz, el orden, la actividad económica y la unidad de Huatulco”.

Preocupa que los ciudadanos se apropien (o se tengan que apropiar) de esta tarea. Pero lo que sigue puede ser peor: la privatización de la justicia. Si el Estado es incapaz de impartir justicia, el paso siguiente puede ser la “justicia por propia mano”, la ley de la selva o en palabras de AMLO, los usos y costumbres, como en los linchamientos de los policías de Tláhuac en 2004. Pretender terminar con la impunidad frente a la violencia desde la sociedad podría llevar a una mayor barbarie.

Las cúpulas empresariales no se están asociando para garantizar por sus medios “la soberanía territorial, la paz, el orden y la actividad económica”, pero sí están tomando cartas en el asunto de la corrupción. A diferencia de lo que ocurre con la violencia, el combate a la corrupción sí se puede privatizar o al menos admite la participación de los empresarios.

La emisión del Código de Integridad y Ética Empresarial es un primer paso loable porque parte del reconocimiento de que la corrupción no es monopolio del sector público. No caen en el garlito de que los políticos son los malos y ellos y sus empresas las víctimas. Reconocen que para que un gobernador cobre por un cambio de uso de suelo debe haber un desarrollador dispuesto a pagarlo, para que un funcionario declare desierto un concurso debe haber un particular preparado para costearlo, para que un secretario entregue información privilegiada debe haber un privado listo para compartir la ganancia que de ella se derive, para que un burócrata del SAT desaparezca un adeudo fiscal debe haber un evasor. También, es cierto, que en ocasiones los privados quieren hacer bien las cosas y les es simplemente imposible. Los burócratas de todos los niveles, del Presidente al empleado de la ventanilla, tienen el don de la discreción y te alineas o estás liquidado. Ahí está el mayor problema.

En el Código de Ética que debería ser adoptado, observado e implementado urbi et orbi en el mundo empresarial hay un error de concepción. La corrupción no es sólo —ni siquiera principalmente— un problema de valores, de ética o cultural. Junto con el compromiso ético que las cúpulas empresariales prometen autoimponerse es necesario trabajar —ni modo, desde la política— en el cambio de incentivos para ahuyentar la corrupción.

Las medidas planteadas en el código son todas atendibles y México estaría mucho mejor con empresarios e integrantes de consejos de administración que enarbolaran esos valores y esas prácticas. Pero desgraciadamente la corrupción es una de las cosas que no se pueden —como reza el primer principio del código— prohibir por decreto. El problema de la corrupción es que siempre tiene un doble beneficiario: el que demanda y el que oferta. Si no se elimina ese beneficio para una o las dos partes, ya sea a través del cambio de reglas (reduciendo las oportunidades de la corrupción y eliminando la discrecionalidad), de la detección del delito (con inteligencia investigativa y cultura de la denuncia) y de su castigo (la imposición de las penas correspondientes), la corrupción seguirá entre nosotros.

Written by Fernando Camara

February 5, 2015 at 3:50 pm

Posted in Varios

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